Aseguró que las asesorías jurídicas de las asociaciones de inmigrantes se comprometen a estudiar las expectativas que abre el Reglamento de Extranjería e informarán sobre los requisitos y trámites para que los interesados puedan acogerse al arraigo social y laboral a fin de regularizar su situación.

El número de personas en estas circunstancias supera las 400.000, ya que el proceso de regularización solo iba dirigido a los trabajadores, afirmó la presidenta de la Asociación América España Solidaridad y Cooperación (Aesco), Yolanda Villavicencio.

En un comunicado, conjunto las asociaciones de inmigrantes Vomade, Aesco, Atime, Ache, Arri-Perú, Fedrom, Federación Panafricana de Comunidades Negras de España, Fenadee y Rumiñahui califican de «sumamente positivo y participativo» el proceso de regularización que concluyó el pasado sábado con más de 690.679 peticiones, aunque aseguran que les hubiera gustado estar presentes en los espacios de decisión del proceso junto con sindicatos, empresarios y el Gobierno.

Sin embargo, señalan que una flexibilización «mayor y oportuna hubiera sido más positiva», en referencia a la exigencia del certificado de empadronamiento como requisito para la regularización.

Según manifestó Villavicencio, el empadronamiento por omisión «debería haberse permitido antes», ya que el empadronamiento «no siempre es fácil» para muchos emigrantes a pesar de que residieran y trabajaran hace tiempo en España.

Resultados satisfactorios

Asimismo las organizaciones consideran que los resultados del proceso han sido «sumamente satisfactorios» y «por encima de las espectativas que habían puesto en un principio», según reconoció el portavoz de la Asociación Cultural por Colombia (Aculco), Álvaro Zuleta.

En este aspecto, Zuleta señaló que en el inicio del proceso -que comenzó el pasado 7 de febrero- los empresarios y los inmigrantes estaban «más presionados», pero «ha sido el propio proceso el que ha ido alentando a ambos» para regularizar la condición de los trabajadores, «sobre todo en el último periodo».

No obstante, recalcó que a pesar de lo «exitoso» del proceso, «la irregularidad seguirá existiendo en España», por lo cual incidió en la necesidad de aplicar el Reglamento de Extranjería y en facilitar la integración social de los inmigrantes.

Las asociaciones firmantes hacen también un llamamiento a las fuerzas políticas para que se alcance «cuanto antes» un Pacto de Estado sobre inmigración que equipare derechos y rechazan «la utilización partidista de la emigración tanto en España como en los países de origen».