Rocío Ruiz
Madrid- Los datos que maneja el Ministerio de Trabajo sobre inmigrantes regularizados y empadronados demuestran que casi medio millón de inmigrantes se habrían quedado fuera del mayor proceso emprendido en España para dar papeles a extranjeros. Las cifras que dio a conocer el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, durante el balance de la normalización revelan que a fecha 1 de enero de 2005, el máximo de inmigrantes en edad de trabajar (entre 16 y 64 años) que no pertenecen a países miembros de la UE son 1.159.673. Si a esta cantidad le restásemos los 690.679 foráneos que han solicitado los papeles, y suponiendo que todos ellos los consiguiesen finalmente, la diferencia arrojaría el número de personas que quedarían en situación de ilegalidad en España, que es de 468.994.
   La cifra es la misma que calculaban las principales ONG y asociaciones que han colaborado en el proceso de regularización, como Rumiñahui (de ecuatorianos) o Aculco (Asociación Cultural por Colombia e Iberoamérica), y supone la mitad de la bolsa de irregulares que estimaban el PP y la Confederación Española de Policía. No obstante, a esta cantidad habría que añadir un número indeterminado de extranjeros que, en estos momentos, es difícil de computar, y que han llegado entre enero y mayo. Algunos, alentados posiblemente por el «efecto llamada» que el PP da por seguro y que el Gobierno ha descartado.
   El ministro de Trabajo ha defendido, sin embargo, que el número de personas que deja en la ilegalidad su normalización oscila entre 63.000 y 179.000. A Caldera le salen estas cuentas porque entiende, tras aplicar unos baremos económicos, que, del máximo de personas en edad de trabajar (1.159.673), en realidad trabajan entre el 65 y el 75% en el mejor de los casos. Es decir, entre 750.000 y 869.000. Si a estas cantidades les restamos los solicitantes de regularización, el resultado son las menguadas cifras que maneja Caldera.
   
Los inspectores, en huelga. Mientras, los inspectores se han puesto en pie de guerra ante el anuncio de Caldera de poner en marcha 500.000 inspecciones hasta fin de año para vigilar la contratación de irregulares. No sólo creen que «es imposible de cumplir», sino que amenazan con una huelga en los próximos días. Según dijo a Servimedia el presidente de la Asociación de Profesionales de la Inspección de Trabajo, Carlos Moyano, «faltan recursos materiales y económicos» para acometer inspecciones.
   Es más, «los trabajadores aún no saben nada del plan». También se han quejado de que el ministerio les haya rebajado el sueldo 200 euros mensuales, lo que crea «falta de motivación». Los inspectores tachan la situación de «insólita e inaceptable» y se reunirán en asamblea general el día 16 para decidir las movilizaciones. Según pudo saber LA RAZÓN, el Gobierno prevé presentar mañana el plan de inspecciones a empresarios y sindicatos, con los que consensuó los requisitos de la regularización. Ayer, el presidente de la patronal CEOE, José María Cuevas, respaldó la «persecución» que hará el Gobierno.
   Entre tanto, siguen llegando pateras a las costas españolas. Ayer fueron interceptados 35 subsaharianos, entre ellos un bebé y cuatro mujeres, en aguas de Fuerteventura y seis más en Gran Canaria. La delegación del Gobierno cree que el buen tiempo podría ser la causa de la llegada masiva de pateras. Este hecho obliga a «agilizar la implantación del SIVE en Gran Canaria», dijeron las mismas fuentes a Efe.
   Mientras, la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, se ha marcado como objetivo alcanzar un pacto de Estado en extranjería con todas las fuerzas políticas, aunque ahora el enfrentamiento con el principal partido de la oposición está más enconado que nunca. Su objetivo es comenzar una ronda de conversaciones con todos los grupos a partir de la semana que viene y expresó su deseo de que el PP se sume a ese «gran acuerdo político y social», informa Efe.