Por una combinación de pruebas insuficientes, limitaciones y el hecho de que algunas de las víctimas no tenían la ciudadanía alemana, los fiscales cerraron el caso contra 69 ex funcionarios de la dictadura militar argentina que se extendió entre 1976 y 1983, expresó el tribunal del distrito de Nuremberg.

No obstante, manifestó que la decisión no afecta la esencia del caso.

Alemania ha solicitado la extradición de Videla junto con la del ex almirante de la marina Emilio Massera, el general retirado Guillermo Suárez Mason, el general Juan Bautista Sasiain, y Pedro Durán Sáenz, que según el tribunal dirigía el centro de detenciones clandestinas llamado "El Vesubio".

"El proceso de extradición continuará siendo impulsado de manera enérgica", dijo el tribunal en un comunicado.

Las órdenes de arresto emitidas por el tribunal acusan a los cinco ex militares de "homicidio indirecto" por la muerte de la estudiante alemana Elisabeth Kaesemann, en 1977; y de la muerte de otro estudiante, Klaus Manfred Zieschank, en 1976.

Las acusaciones acarrean la sentencia máxima de prisión perpetua.

Videla, Massera y Suárez Mason cumplen en Argentina con arresto domiciliario, en conexión con acusaciones de apoderamiento y cambio de identidad de bebés que nacieron en cautiverio mientras sus madres permanecían detenidas-desaparecidas en centros clandestinos durante el régimen militar.

Entre los que ya no serán investigados en Alemania, se encuentran el ex capitán de la armada Alfredo Astiz, requerido en Francia por su presunta participación en la muerte de dos monjas francesas; y Ricardo Miguel Cavallo, que se encuentra detenido en España.

Alemania inició la investigación en 1998.

De acuerdo con registros oficiales, unas 9.000 personas desaparecieron o murieron en la denominada "guerra sucia", en su mayoría militantes de izquierda y opositores políticos. Las organizaciones de derechos humanos elevan la cifra a 30.000.

En general, Argentina ha rechazado los pedidos de extradición relacionados con la guerra sucia, al considerar que sus ciudadanos deben ser enjuiciados en su propio país.