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Miércoles, 25 de agosto de 2004 |
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EDICIÓN IMPRESA - Política El
PP ve peligrosa la legalización masiva de inmigrantes y el
PSOE le acusa de rayar en la xenofobia MADRID. El anuncio del Gobierno de que regularizará la situación legal en España de aquellos inmigrantes que acrediten una relación laboral «fehaciente», aunque en estos momentos esté contratada de forma ilegal, volvió a enzarzar a PSOE y PP, que elevaron el tono de sus acusaciones mutuas. El ex ministro del Interior del PP Ángel Acebes recordó que los «recursos de los Gobiernos no son ilimitados» y dijo temer que la «política del PSOE de papeles para todos» provocará que «vengan cientos de miles» nuevos inmigrantes en busca de oportunidades, además de favorecer un «peligroso mercado negro» de falsos contratos. Sin embargo, al PSOE le molestaron más unas declaraciones hechas a la Cadena Ser por Ángeles Muñoz, portavoz del PP en materia de inmigración, quien afirmó que una vez regularizados, los inmigrantes tendrán «los mismos derechos que cualquier español, con lo cual demandarán no sólo vivienda, sino protección social, querrán agrupar a sus familiares y al final tendremos una situación que el Gobierno no ha previsto». Estas afirmaciones motivaron que el dirigente socialista Diego López Garrido emitiera una nota en la que expresa el «estupor» de su partido ante esas afirmaciones, «que rayan en la xenofobia». «Es un discurso grave y peligroso y el PP debe rectificar porque lo peor que se puede hacer es una política de exclusión». Entretanto, el anuncio del Gobierno motivó ayer que cientos de inmigrantes, la mayoría de ellos ecuatorianos, acudiesen a distintas instituciones oficiales en Madrid para recabar una información más detallada de los planes del Gobierno ante la confusión que les ha generado el alcance de la medida. Desde el sector de los empresarios, José Manuel Romero, presidente de Freshuelva, provincia en la que son contratados miles de inmigrantes para labores agrícolas, alabó la pretensión del Gobierno de acabar con las bolsas de trabajadores irregulares, pero discrepó respecto a que sean los empresarios quienes tengan en su mano su regularización. «Nosotros lo sufrimos en nuestras carnes -dijo-, y no hay nada en manos de los empresarios. El empresario lo que quiere es la garantía de que cuando lleguen los meses de enero, febrero y marzo para recoger la fresa el trabajador esté». Para Romero, la realidad es que «un número indeterminado de personas sin papeles buscan trabajo desesperadamente en esta provincia, no lo encuentran y eso genera una bolsas lamentables» ante las que el empresario no puede hacer nada ya que es competencia de la Administración. |