El Gobierno quiere que la reforma del reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería esté acabada antes de fin de año. Los trámites para concretar el alcance de esos cambios -que permitirán regularizar a miles de extranjeros sin papeles que demuestren tener un trabajo y arraigo social- empezarán en septiembre, cuando el Ejecutivo debatirá el borrador de la futura norma con el Consejo Económico Social, órgano consejero en asuntos económicos, sociales y laborales. El objetivo es que la reforma entre en vigor a comienzos del 2005.

Con esta iniciativa el Gobierno quiere combatir la economía sumergida y atajar la precariedad laboral que padecen, según sus propias estimaciones, unos 800.000 extranjeros. De paso, las regularizaciones permitirán acabar con la explotación que sufren muchos de ellos y les facilitarán el acceso a servicios básicos como la sanidad, la educación y el seguro de desempleo.

Muchos de estos inmigrantes trabajan de forma ilegal, por lo que el Estado deja de ingresar mucho dinero en impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, y con la legislación actual no pueden albergar esperanzas de conseguir los papeles, situación que el secretario general del grupo parlamentario socialista, Diego López Garrido, tachó de «absurda».

El dirigente socialista explicó que «se trata de abordar la situación que dejó el PP tras ocho años de Gobierno en los que se cuadriplicó el número de irregulares». López Garrido destacó los beneficios económicos de estas medidas y reiteró que «no puede haber un solo trabajador en situación ilegal».

La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, avanzó el lunes que, para conseguir los permisos de residencia y trabajo, los extranjeros deberán demostrar que ya estaban en España antes de la llegada al poder del PSOE y presentar un acuerdo de trabajo firmado con algún empresario. Eso le dará derecho a un permiso provisional que se ampliará al tiempo que dure el contrato.

Esta propuesta ha sido acogida con cautela por los sindicatos. Las centrales mayoritarias y algunas organizaciones agrarias pidieron que los cambios vayan precedidos de un debate entre todos los agentes sociales. Temen que si el Gobierno no controla bien el mecanismo podría quedar sólo en manos de los empresarios al ser ellos quienes, en último caso, ofrecerán los empleos que darán acceso a los papeles.

Desorden y descontrol

El más crítico con la iniciativa fue el Partido Popular. Su secretario general adjunto, Ángel Acebes, señaló ayer que la propuesta del Gobierno es «de imposible cumplimiento» y acusó a sus responsables de practicar la política de «papeles para todos, desorden y descontrol».

Acebes aseguró que con esta propuesta se «da la razón a las mafias y va a tener gravísimas consecuencias en muy diversos ámbitos, incluido el de la convivencia». Por eso, la única forma de hacer una gestión correcta es «blindar nuestras fronteras a la inmigración clandestina y ser generosos con la inmigración legal y controlada».