MADRID (Reuters) - El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, afirmó el viernes que el Reglamento de Extranjería que está elaborando su departamento no va a dejar la puerta abierta al fraude en la regularización de inmigrantes 'sin papeles', como se ha advertido desde diversos ámbitos.

"Yo les garantizo que no va a ver fraude", dijo el ministro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde presentó el proyecto de Reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería y que se aprobará formalmente el próximo mes.

"No habrá contratos de diseño, ni empresas de diseño", añadió Caldera.

El reglamento incorpora una regularización extraordinaria para los aproximadamente 800.000 inmigrantes que se estima se encuentran 'sin papeles' en España.

A partir de su entrada en vigor, prevista para finales de enero o febrero, el Gobierno concederá un periodo transitorio de tres meses para que un inmigrante se acoja al arraigo laboral para obtener un permiso de trabajo.

El trabajador extranjero deberá demostrar que lleva 6 meses en España (con un certificado del padrón municipal), que dispone de un contrato de trabajo de 6 meses mínimo - con alguna excepción en agricultura, hostelería y construcción y servicio doméstico - que está dado de alta en la Seguridad Social y que no tiene antecedentes penales tanto en España como en su país de origen.

SEVERAS SANCIONES

"Cuando acaben los tres meses para la regularización extraordinaria de estos inmigrantes ningún empresario - ya se lo he dicho - debe contratar a nadie sin papeles en España, porque las sanciones serán severas", advirtió el ministro.

El reglamento sigue contemplando además los criterios de reagrupación familiar y arraigo social para conseguir la legalización de un inmigrante. Para la vía de la reagrupación familiar se exigirá un permiso de residencia inicial renovado, medios de vida suficientes y un alojamiento digno.

Para acogerse al arraigo social es requisito imprescindible llevar tres años viviendo en España, tener un contrato de trabajo, carecer de antecedentes penales y tener familiares en el país.

Además, para la eficacia y gestión en la gestión administrativa de los permisos de trabajo se conectarán informáticamente todos los organismos implicados y se creará la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración.

Esta comisión, que debe aunar la máxima concertación, se encargará de elaborar trimestralmente un Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura y establecerá el contingente anual de trabajadores extranjeros que hacen falta en el país.

El ministro de Trabajo anunció que el lunes espera llegar a algún acuerdo con el Partido Popular, la única formación política que se opone al Reglamento porque rechaza disposición transitoria por la que se permite legalizar a quienes hoy tienen un empleo estable al considerarlo un 'efecto llamada'.

Desde 1991 se han producido varias regularizaciones extraordinarias, destacando las habidas en los años 2000 a 2003, bajo el Gobierno del PP, donde se concedieron más de 480.000 regularizaciones, frente a las 108.000 concedidas por el Ejecutivo del PSOE en 1991-92, según datos del ministerio.

/Por Itziar Reinlein/