Los emigrantes castellanos y leoneses mayores de 65 años que retornen a la comunidad podrán cobrar durante un año el salario social autonómico (Ingreso Mínimo de Inserción, conocido como IMI) a partir del próximo 1 de enero.

Esta ayuda regional supone una paga mensual de 345,38 euros. La medida, incluida en el nuevo decreto que regulará el IMI, soluciona la situación de desamparo económico con la que tropezaban, al aterrizar en Castilla y León, los emigrantes con exiguas o nulas pensiones de los países a los que emigraron. “Entre los requisitos exigidos para el cobro de una pensión no contributiva estatal figura el de un año de residencia en territorio español”, precisa la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Rosa Valdeón.

Hasta cumplir esos doce meses los emigrantes no tenían derecho a percibir otro subsidio, incluido el IMI, porque este es un salario que combate la pobreza entre los menores de 65 años y que tiene como objetivo la inserción laboral de los beneficiarios.

Este requisito, el de no exceder de 65 años, será el que cambie a partir de enero para ciudadanos de la región residentes fuera de España. “Informaremos a las casas regionales en el extranjero, aunque no esperamos ningún ‘efecto llamada’ con una llegada masiva de emigrantes”, avanza Rosa Valdeón. Los posibles beneficiarios forman parte del contingente de cerca de noventa mil residentes fuera de España con derecho a voto en la región, lo que se ha bautizado como la décima provincia electoral.

La apertura del IMI a este colectivo es fruto de una recomendación del Procurador del Común, Manuel García Álvarez, que ha tramitado dos quejas al respecto, una de ellas con origen en Argentina. García Álvarez aconsejó a la Junta otorgar su salario social a aquellos emigrante castellanos y leoneses, mayores de 65 años, que cumplan todos los requisitos para cobrar una pensión no contributiva, salvo el de la residencia en España.