El presidente del Gobierno italiano, Silvio Berlusconi, viaja hoy a Libia para inaugurar un gasoducto instalado por la petrolera ENI, aunque toda la prensa del país habla de que esta visita, segunda en pocas semanas, servirá para tratar con el líder libio Mohamar Gadafi del problema de los inmigrantes que llegan masivamente a las costas de Lampedusa (sur de Sicilia).

Precisamente ayer se reanudaron los vuelos de explusión de inmigrantes clandestinos iniciados el pasado sábado e interrumpidos de forma temporal el martes tras duras críticas de la oposición y de organizaciones no gubernamentales. Después del envío de 360 inmigrantes a Libia y del desplazamiento de otros 81 a Sicilia, en el centro de acogida de Lampedusa quedaban ayer 200 inmigrantes ilegales.

En el aeropuerto se concentraron grupos de pacifistas y antirracistas sicilianos para manifestar su repulsa a lo que han definido como «deportaciones masivas». Uno de los sindicatos más importantes del país, la Cgil, también criticó estas medidas afirmando que «hacen que, por un lado, sea imposible la petición de asilo, y, por el otro, se intenta trasladar al sur el problema de la represión de la emigración». Con él coinciden los Verdes, que denuncian que estas repatriaciones incumplen la ley de inmigración, llamada Ley Bossi-Fini, ya que ésta, «aunque injusta, recoge una norma para los refugiados políticos».

Por su parte, el Ministerio del Interior justifica el puente aéreo hacia Libia diciendo que «las actividades de repatrición se completan de manera adecuada a la evolución de la situación y, como siempre, respetando los derechos humanos, la legislación italiana y los convenios internacionales».

No opina igual el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que en un comunicado ha denunciado que Italia está violando la Convención de los Refugiados de 1951, ya que «todos los que piden asilo político tendrían que tener acceso a un procedimiento para verificar sus necesidades de protección». También su enviado, Jurgen Humburg, en una entrevista publicada ayer acusaba a las autoridades italianas de impedirle el acceso a los centros de acogida.

«Dada la rapidez con la que se expulsan a los emigrantes, creemos que no hay tiempo para una verdadera identificación de las personas ni para que el derecho de petición de asilo se respete».