Tener tarjeta de residencia permanente, ser ciudadano de un país comunitario o de un estado que tenga un acuerdo de reciprocidad con España en materias de arrendamiento de tierras. Esos son los requisitos que, según el borrador de anteproyecto de Ley de Modificación de la actual norma de arrendamientos rústicos propuesto por el Ministerio de Agricultura, tendrán que continuar demostrando los inmigrantes que deseen arrendar un terreno para dedicarse a las actividades agrícolas en España.

En caso de que esta propuesta del Ejecutivo se apruebe sin modificaciones, las personas con nacionalidad extracomunitaria (un 6,8%% de los extranjeros residentes en Galicia están ocupados en la agricultura) tendrían importantes obstáculos para poder dedicarse por cuenta propia a la actividad agrícola. Y es que para poder alquilar un terreno tendrían que aguardar un mínimo de cinco años, período necesario para obtener la residencia permanente en España.

Que el Ministerio de Agricultura se haya olvidado de los inmigrantes a la hora de presentar el borrador de modificación de esta ley supone a juicio de sindicatos agrarios como la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) un olvido importante, ya que a su entender «esta población, que va integrándose paulatinamente en nuestro medio rural con todo lo que eso conlleva, se vea excluída de la opción de poder acceder al arrendamiento de tierras agrarias».

Levante

Aunque el número de inmigrantes que trabajan en tareas agrícolas es mucho mayor en comunidades como Andalucía, Almería o la Comunidad Valenciana, donde el peso de los productos de huerta es mucho mayor, el campo gallego también ha tenido que recurrir a esta mano de obra. Ése es el caso de los cultivos de bajo abrigo que se cosechan en distintas áreas de la provincia de Ourense, donde trabajan un importante número de marroquíes.