El Gobierno prevé la creación de unas unidades especiales de Inspección de Trabajo, dentro del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que se encargarán de detectar la contratación de inmigrantes en el mercado negro y castigar a los empresarios que apliquen estas prácticas.

	Consuelo Rumí admitió que, aunque minoritaria, la situación de fraude existe y para ello se prevé la puesta en marcha de estas unidades especiales "que serán muy contundentes con cualquier infracción de este tipo que se produzca"

EFE
Madrid

Según explicó ayer la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, en una entrevista en el programa Capital de Radio Intereconomía, estas unidades comenzarán a funcionar una vez que pase el periodo transitorio tras la puesta en marcha del reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería, en el que los ‘sin papeles’ que acrediten un tiempo suficiente en el país, además de un empresario que quiera contratar.

Consuelo Rumí admitió que, aunque minoritaria, la situación de fraude existe y para ello se prevé la puesta en marcha de estas unidades especiales "que serán muy contundentes con cualquier infracción de este tipo que se produzca".

La secretaria de Estado advirtió que el Gobierno aplicará "con contundencia" toda la reglamentación de la ley una vez que pase el período transitorio en el que los empresarios podrán normalizar situaciones de inmigrantes.

El reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería está en la actualidad siendo debatido por el Ejecutivo junto con ONG, empresarios, sindicatos, gobiernos autonómicos y locales, y fuerzas políticas.

"Fundamentalmente queríamos que fuese un Reglamento que reconociese y diese respuesta a la realidad. Lo que el Gobierno pretende es que ese número de personas que vengan a nuestro país lo hagan de acuerdo a la capacidad de acogida de nuestra sociedad, que no es otra que las necesidades del mercado laboral, y contrataciones en origen a través de distintas fórmulas", explicó la secretaria de Estado de Inmigración.

Economía sumergida
Respecto a los extranjeros que se encuentran en España y están trabajando en la economía sumergida, sin permiso de trabajo ni residencia, Rumí explicó que el Gobierno ha querido buscar una fórmula para normalizar su situación de forma individual, "persona a persona", sin poder concretar la cifra exacta de personas que se encuentran en esa situación.

"Lo que propuso el Gobierno en un borrador en septiembre, que ahora mismo está en la mesa de negociación con sindicatos y empresarios, fue que a todas aquellas personas que demuestren que llevan en España un tiempo y que además hay un empresario o empleador que esté dispuesto a hacerle un contrato de trabajo, el Gobierno, después de supervisar los datos de la empresa y del inmigrante, facilite el permiso de residencia y de trabajo vinculado al hecho de que realmente se realice ese contrato de trabajo", recordó Consuelo Rumí.

Si en el plazo de un mes ese contrato de trabajo se realiza, constatando si se da el alta al trabajador en la seguridad social, se procede a concederle la tarjeta de identificación, añadió Consuelo Rumí.

El proceso de regularización de inmigrantes se desarrollará de forma transitoria, durante un período concreto "que no se puede asegurar en este momento", afirmó Rumí.

"Un dato que sí se puede dar es que en el período transitorio es el empresario el que va a ir a la administración, no el inmigrante, y en función de ello aflorará un número de trabajos considerable en todas las comunidades", concluyó la secretaria de Estado de Inmigración.