R. L. V.
Madrid- El Foro Ermua y la Fundación Papeles de Ermua han promovido una iniciativa, que ha recibido el respaldo de más de 6.000 familias de víctimas de ETA y de 1877 catedráticos, profesores universitarios y profesionales de todo el tejido profesional vasco; para protestar ante la decisión de las universidades argentinas de Rosario y La Plata de conceder a Juan José Ibarreche el título de «Doctor Honoris Causa». Las dos plataformas cívicas han enviado sendas misivas a ambas instituciones docentes en las que expresan su «profundo malestar y más enérgica protesta» por la decisión que han adoptado. Para estas organizaciones, conceder el citado título al lendakari «no es sólo un error, sino una afrenta a la mayor parte de las víctimas del terrorismo, a los ciudadanos constitucionalistas del País Vasco y al resto de España». Los firmantes dan nueve razones por las que, a su juicio, Ibarreche no se ha hecho acreedor del título que le quieren conceder. En primer lugar, aseguran que el lendakari ha presentado un plan [el Plan Ibarreche] que es «un ataque directo al sistema constitucional español» y que está basado «en la retrógrada concepción étnica de la soberanía». En segundo lugar, afirman que siempre se ha opuesto a decisivas medidas tomadas para frenar a ETA, como el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo y la ilegalización de Batasuna. En este sentido, añaden que ha entrado en una senda «de desacato al estado de derecho y de incumplimiento de las leyes». Las víctimas también creen que el lendakari ha ignorado «el deber de ayudar y colaborar» con ellas y que siempre ha dado prioridad al entorno de la banda terrorista ETA «como ha quedado patenten en el último reparto de subvenciones, en el que se han denegado las ayudas a diversas asociaciones que luchan por la Constitución y por los derechos de las víctimas del terrorismo». Para el Foro Ermua y la Fundación Papeles de Ermua también es evidente que Ibarreche y su Gobierno «han llevado a la sociedad vasca a una situación de fractura y enfrentamiento difícilmente soportable al gobernar sólo para una parte de la población». Los firmantes afirman también que Ibarreche no defiende el diálogo para terminar con ETA, sino la «cesión frente a los terroristas, pretendiendo obtener, además, réditos políticos para su formación de dicha cesión». Recuerdan que en 1998 firmó el Pacto de Estella con la banda terrorista «en el que se acordó el cese de la violencia a cambio del compromiso de marginar de las instituciones a los representantes de los partidos no nacionalistas». Por último, concluyen que el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa declaró que el lendakari «no protegía los derechos y libertades fundamentales de los vascos».