El demagógico proyecto del Senado que impide el corte del suministro a los morosos generó una fuerte reacción del empresariado local y de la prensa española.
 
En su edición de hoy, el diario El País, de Madrid, tituló en tapa que "el Senado argentino enturbia la relación de Kirchner con las empresas españolas" por la aprobación de la iniciativa, aunque destacó que la Cámara de Diputados todavía no se expidió.
 
"El intento de recomponer el diálogo entre el Gobierno argentino y las empresas españolas de servicios públicos ha recibido un varapalo que tensa de nuevo una relación que lleva casi tres años en vía muerta", encabezó su nota El País.
 
Los empresarios indicaron: "Nadie nos había advertido". Y aclararon: "Normalmente, esas cosas se saben y desde la Secretaría de Energía suelen avisarnos cuando hay alguna iniciativa en el Congreso que tenga que ver con los servicios públicos".
 
 
De acuerdo con los datos que difundió el medio ibérico, las filiales argentinas de las empresas españolas tienen en conjunto más de 20 millones de clientes y una morosidad que alcanza en algunos casos el 10%.
 
El sector privado ya descuenta que, de aprobarse, la obligatoriedad de establecer "audiencias de conciliación" antes del corte del suministro, se podrían realizar "miles" de esos encuentros, por lo que se "dibujan un escenario de menos inversión y peor servicio en el caso de aprobarse dicha ley".
 
Ante semejante situación, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) acercó a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal que visitaron el país una dura declaración en la que cuestionan el proyecto de ley.
 
La iniciativa, según las compañías ibéricas, "altera sustancialmente" la regulación de las prestaciones, "restándole previsibilidad y garantía de sustentabilidad", y advierte de que desincentiva la inversión, lo que tendrá consecuencias en la "evolución del servicio y en general sobre la economía en su conjunto", según reflejó el prestigioso medio español.
 
Finalmente, los directivos de las compañías más importantes de España se quejaron por "el ostensible desequilibrio entre los derechos que se confieren a los usuarios y los que se reconocen a las prestadoras", el incremento de obligaciones para las "concesionarias, social y judicial", y el no reconocimiento de "variación de costos no controlados por el prestador, a través de ajustes tarifarios".