Mediante este acuerdo, los inmigrantes sin papeles que lleven seis meses empadronados en España podrán regularizar su situación si un empleador les contrata por un periodo de otros seis meses.

El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, que se deshizo en halagos a los sindicatos y a la patronal, ha asegurado que el pacto es «el primer gran acuerdo social de la legislatura». Caldera llegó a decir que se trata del reglamento «con el mayor acuerdo de todos los aprobados en España» y se felicitó por el hecho de que, por primera vez, el control de los flujos migratorios se «vincule al mercado laboral». Además, subrayó que esta iniciativa terminará con el verdadero «efecto llamada» de la inmigración clandestina que, en su opinión, es la «economía sumergida». «Es un paso a la normalización de cientos de miles de inmigrantes», señaló el ministro.

Casi aún más optimista que el propio Caldera se mostró el secretario general de la CEOE, Juan Jiménez Aguilar, quien también dijo estar seguro que esta regularización hará «aflorar la economía sumergida», lo que en 2005 se traducirá en un «gran volumen de creación de empleo». Jiménez, que calificó de «bueno» el pacto con el Ejecutivo y los sindicatos, valoró la «actitud absolutamente receptiva de la Administración».

Sólo el PP se desmarcó del ambiente de satisfacción generalizada. La secretaria ejecutiva de Política Social del Partido Popular, Ana Pastor, aseguró que la política migratoria anunciada por el Gobierno «sólo genera falsas expectativas a los inmigrantes, lo que significa jugar con las personas que recorren miles de kilómetros en busca de una vida mejor»