REGLAMENTO DE EXTRANJERÍA. El proceso de regularización
El Gobierno pide a los inmigrantes que no acudan aún a las oficinas de extranjería

Consuelo Rumí dice que el reglamento no está aprobado y las tramitaciones de permisos las deberán hacer los empresarios

SINDICATOS CC.OO. y UGT solicitan más recursos para evitar el colapso en las oficinas
INMIGRANTES Atime pide a los empresarios que faciliten la contratación

LA VANGUARDIA - 28/10/2004
Redacción y agencias. BARCELONA

El consenso sobre el nuevo reglamento de la ley de Extranjería no va a evitar la polémica. Ayer mismo, la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, pidió a los inmigrantes que no acudan a las oficinas de extranjería para evitar el colapso hasta que no se apruebe esta medida dentro de unos meses y recordó que la tramitación de permisos la deberán hacer los empresarios.

Pese a la satisfacción generalizada por el acuerdo alcanzado entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos, desde distintas instancias se alerta ya del peligro de un nuevo colapso en las tramitaciones. Rumí lo negó y aseguró que ya se está trabajando en una comisión con todos los ministerios implicados para reforzar tanto las oficinas de extranjería como las distintas administraciones que van a colaborar en la entrega de la documentación.

Actualmente en la Oficina de Extranjería de Barcelona, a los empresarios que acuden para contratar un inmigrante se les da hora para el mes de julio del 2005. Abogados y asesores que trabajan a menudo con inmigrantes temen que durante el periodo extraordinario de tres meses que se abrirá a partir de la aprobación de la ley habrá una auténtica avalancha. Se calcula que en España hay entre un millón y un millón y medio de inmigrantes en situación irregular que pueden acogerse a esta medida por la que si demuestran que llevan seis meses empadronados y disponen de un contrato de seis meses podrán regularizar su situación. Ayer mismo desde el Ministerio de Trabajo se avanzó que unos 800.000 inmigrantes podrían beneficiarse de esa regularización.

El sindicato CC.OO. de Catalunya pidió ayer mismo a la delegación del Gobierno y a la Generalitat queestablezcan un dispositivo especial para afrontar el proceso de regularización extraordinario, lo que debería traducirse en un incremento de recursos económicos, oficinas y funcionarios para recibir y solucionar las solicitudes que se recibirán durante los tres meses del proceso.

El portavoz del PP en Catalunya, Daniel Sirera, señaló que el acuerdo deja fuera a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos "que son los que deberán hacer frente al alud de nuevos inmigrantes". Sirera presentó una batería de preguntas al Govern de la Generalitat sobre los recursos que dispone para aplicar este reglamento.

Rumí lanzó también una advertencia a los inmigrantes en situación irregular para que no intentencomprar ningún contrato de trabajo ya que "como es el empresario el que se tiene que dirigir a la administración se comprobarán todos los datos de esa empresa". Rumí señaló además que se va a crear una unidad especial de la Inspección de Trabajo para que controle la economía sumergida, con una dotación económica que se concretará en la memoria económica que acompañará el reglamento. También señaló que que una vez concluído el periodo transitorio se aplicará la ley con contundencia.

Por su parte, la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (Atime) mostró su satisfacción por el Reglamento de Extranjería y pidió a los empresarios que asuman "la responsabilidad que les corresponde como actores principales en el proceso de afloración de un porcentaje importante de la economía sumergida en España". Atime invita a los empresarios y empleadores, especialmente en los sectores de agricultura y servicios, que asuman "activamente el protagonismo y la responsabilidad" que les corresponde en la regularización de los inmigrantes. Diversas patronales como las de la construcción y la hostelería respaldaron públicamente el acuerdo.