EL REGLAMENTO DE LA LEY DE EXTRANJERÍA
Cierre de fronteras contra el efecto llamada
El espacio Schengen podría suspenderse durante la regularización de inmigrantes

El Gobierno instalaría controles fijos en la frontera durante los tres meses de regularización extraordinaria, ante el temor a que las mafias alienten un efecto llamada.

Bélgica e Italia han aplicado controles en sus fronteras durante las regularizaciones especiales
El Ejecutivo considera que la colaboración de Marruecos ha frenado la entrada por mar

MIQUEL MOLINA | JOSEP PLAYÀ MASET - 29/10/2004
MADRID

El Gobierno tiene claro que a principios del 2005, y especialmente durante los tres meses en los que se abrirá una regularización extraordinaria para los inmigrantes sin papeles, deberá implantar un control especial en sus fronteras terrestres para evitar una entrada masiva. En estos momentos, una comisión está evaluando cuál es el tipo de control más adecuado, aunque se barajan dos opciones: el cierre temporal del llamado espacio Schengen -como se ha hecho en situaciones extraordinarias- o un plan especial de control de fronteras.

Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, reconoció ayer a La Vanguardia que, "aunque los inmigrantes que entren en España a partir de ese momento y en los tres meses posteriores a la aprobación del futuro reglamento de la ley de Extranjería no podrán acogerse a la disposición transitoria para su regularización porque deben llevar seis meses empadronados, no puede descartarse un cierto efecto llamada, especialmente por la actuación de las mafias". Por esa razón, y tal como han hecho Bélgica e Italia cuando se han iniciado procesos de regularización, se estudia suspender el acuerdo de Schengen, que elimina las fronteras entre países de la Unión Europea, o, en su defecto, disponer controles específicos cerca de los pasos fronterizos con Francia y Portugal. Por el contrario, fuentes ministeriales han negado que se planteen cambios en los sistemas de control marítimos o aéreos. En el caso de Marruecos, en los últimos meses el Gobierno ha iniciado una política de colaboración que ha llevado a la creación de patrullas mixtas y a un intercambio continuo de información. En este último año ha disminuido el número de inmigrantes clandestinos que intentan atravesar el estrecho de Gibraltar e incluso se ha detectado la existencia de rutas distintas para llegar a las islas Canarias, con barcos procedentes de otros países. Aun así, desde el Gobierno se reconocen las dificultades que tiene Marruecos para controlar sus 3.200 kilómetros de costa. España ha solicitado fondos a la UE para que Marruecos pueda disponer de más recursos y de un sistema sofisticado de vigilancia marítima como el que la Guardia Civil ha implantado en la zona del Estrecho.

El diputado de CiU Carles Campuzano ha sido el primero en plantear la necesidad de cerrar fronteras para evitar el efecto llamada y ha pedido que se reduzca el periodo transitorio de regularización a un solo mes.

En la última reunión de ministros europeos, España solicitó más fondos para la integración de los inmigrantes y para la repatriación a terceros países, así como una política común de asilo y la homogeneidad en el tratamiento de la inmigración. Por el contrario, rechazó con el apoyo de Francia y otros países la propuesta presentada por el ministro del Interior alemán Otto Schily, respaldada por Italia, de crear campos de acogida en el norte de África. El ministro alemán se negó a presentar su propuesta por escrito y los países que se oponían la consideraron inexistente por no precisar si se trataba de campos para refugiados o para inmigrantes rechazados o a punto de ser repatriados, ni tampoco quién los iba a gestionar, con qué fondos y bajo que legislación. En cambio, la Comisión Europea se mostró de acuerdo en estudiar el traslado de la gestión de las demandas de asilo a países del norte de África, tal como pidió el comisario de Justicia e Interior, Antonio Vitorino.