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EL ARTÍCULO DEL DÍA // MANUEL
PIMENTEL
Inmigración,
no extranjería
• El acuerdo social para regularizar
al millón de indocumentados sólo debe ser un primer
paso
MANUEL Pimentel
Exministro de Trabajo y
escritor
Ya tenemos el
primer acuerdo social. Bienvenido sea. La regularización de
inmigrantes suponía toda una urgencia para nuestra sociedad y
nuestra economía. Estamos ante un buen acuerdo, muy razonable
en sus contenidos y que servirá para paliar el grave
embolsamiento de trabajadores indocumentados que laboraban en
nuestro país. Ahora bien, no podemos olvidar que se trata
simplemente de una solución coyuntural. Si no se abordan
políticas a largo plazo, a la vuelta de pocos años volveremos
a sufrir el mismo problema.
El anterior Gobierno, que
presenta algunos balances francamente positivos en su gestión
socioeconómica, como en el caso del empleo por ejemplo,
cometió también sonados errores. Uno de los más destacadosþfue
su gestión inmigratoria. Difícilmente se podría haber hecho
peor.
NO EXISTIÓ nunca un auténtico deseo de gestionar
la inmigración, sino únicamente una política de propaganda que
vendía seguridad a cambio de meter miedo y rechazo con
respecto a los inmigrantes. Recordemos que todo un presidente
de Gobierno asociaba sistemáticamente inmigración con
delincuencia con una evidente intencionalidad política. Pero
al final pasan las cosas que tienen que pasar, y la ausencia
de política inmigratoria tuvo como consecuencia la acumulación
de un millón de indocumentados sobre nuestro suelo, todo un
triste balance del fracaso de una gestión. Pero quejarse no es
suficiente, hay que construir una política de futuro en una
materia tan compleja.
Nunca hemos tenido en España política
inmigratoria. Nuestra leyes fueron de extranjería, más
interesadas en que nadie entrase en nuestro país que en
conseguir una regulación del fenómeno. ¿Qué debe contener,
como mínimo, una política inmigratoria? Primero, desde la
convicción de que nuestra sociedad va a seguir llamando
inmigrantes, una correcta política debe ambicionar la
regulación de los flujos migratorios.
La prioridad debe ser
el conseguir que las personas que necesitemos tengan una vía
legal de entrada, para que así no tengan que recurrir, como
hasta ahora, a los canales ilegales. Es frecuente oír el
comentario: "A mí me parece bien que vengan inmigrantes, pero
que lo hagan con los papeles debajo del brazo, como fuimos los
españoles a Europa".
Es bueno que sepamos que durante
muchos años ha sido prácticamente imposible entrar legalmente
en nuestro país. Nuestras leyes de extranjería determinaban
cómo expulsar a los inmigrantes, pero no arbitraban mecanismos
legales eficaces para regular su entrada.
Resultado, hemos
vivido en la pura hipocresía política y social. Mientras el
Instituto Nacional de Estadística nos avisaba de que nuestra
economía precisaría de casi 300.000 inmigrantes al año, el
Gobierno aprobaba cupos de 30.000. Algún año no aprobó
ninguna. Aunque es cierto que algunas figuras, como la del
contrato en origen, se han ido desarrollando, su incidencia ha
sido menor. Moraleja, que el Estado se convirtió en el más
eficaz aliado de las mafias que decía perseguir. Conocía de la
necesidad de inmigrantes, pero impedía su entrada legal. Un
auténtico disparate que hay que solucionar. Una única
advertencia al respecto: la regulación de flujos no equivale a
fronteras abiertas.
La segunda pata de una política
inmigratoria es la de la integración de inmigrantes, un
concepto muy amplio y complejo que daría para otros artículos.
Algunas de ellas deberían recogerse en el reglamento de la
actual ley de extranjería que el Gobierno proyecta aprobar en
el próximo ejercicio.
EL ACUERDO social se ha centrado
en la regularización de los inmigrantes con trabajo. Como en
toda política, habrá que vigilar la correcta utilización de
los mecanismos de legalización por parte de las empresas. Al
exigir un contrato en firme de al menos seis meses, así como
acreditar una estancia mínima de medio año, gran parte del
fraude conocido como venta de contratos podrá ser
eficazmente paliado. También ha sido inteligente el arbitrar
un sistema ordinario de regularización permanente. Uno de los
riesgos del procedimiento, una vez superada la inicial
propuesta de denuncia y sanciones, es que toda la iniciativa
del procedimiento quedara en mano de los empresarios. Las
aportaciones y la firma de los sindicatos permiten superar ese
razonable temor.
Esta regularización --normalización, como
gusta el ministerio llamarla-- irá articulada legalmente en el
reglamento de extranjería --vaya nombrecito-- que el Gobierno
aprobará a inicios del 2005. Aunque damos la bienvenida a esta
enésima regularización, su mera existencia es laevidencia del
fracaso de nuestra no-política de inmigración. Si el actual
Gobierno se queda ahí, podrá reeditar los antaños errores. Con
nuestras leyes y demagogias hacíamos imposible la entrada
legal de los inmigrantes que sabíamos que necesitábamos. Como
la realidad era tozuda, y la necesidad imperiosa, al final los
trabajadores terminaban entrando de forma indocumentada,
sabiendo que tarde o temprano terminarían siendo legalizados.
Ése era el verdadero efecto llamada, no el tan
cacareado por los anteriores responsables. Nuestra
incompetencia en la materia hacía que lanzáramos urbi et orbe
el mensaje: "Entre en España como pueda, porque una vez que
esté dentro, será legalizado". El mundo al revés. Premiábamos
a los que lograban burlar nuestras leyes, mientras que
castigábamos a los que pretendían entrar legalmente.
Si nos
quedamos en la regularización sin abordar los futuros
mecanismos de regulación de flujos migratorios habremos
ahondado en el mensaje equivocado. Por eso resulta imperioso
que el Gobierno acometa el proyecto de una nueva ley, que debe
sustituir a la actual de extranjería y que debe denominarse
ley regulatoria de la inmigración, superando los estrechos
puntos de vista del concepto extranjería.
¿Se atreverá el
Gobierno a abordar la negociación de la nueva ley, o sucumbirá
a la tentación de dejarse llevar confiando en el periodo de
prórroga que le concede la regularización? Esperemos que haga
lo sensato y que tengamos proyecto de ley integral el próximo
año.
En todo caso, debemos felicitar al Ministerio de
Trabajo y a los agentes sociales por un acuerdo que sin duda
servirá para superar la kafkiana situación que padecíamos.
Enhorabuena por ello.
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