Juan C. Serrano
Madrid- Desde 1999, la población reclusa extranjera en las prisiones españolas ha pasado de 7.900 internos a 16.626, lo que supone que actualmente de cada diez presos que ingresan en las cárceles, seis ya son extranjeros, según un amplio informe elaborado recientemente por el sindicato Acaip al que ha tenido acceso LA RAZÓN. En los últimos tres años y medio, mientras los reclusos nacionales sólo se han incrementado un 17,91% (de 36.297 a 42.799), los de fuera de España se han disparado al 110,45%, un porcentaje superior al de los nueve años anteriores. Las tasas de crecimiento entre ambos colectivos llevan invirtiéndose desde la década de los 90. En el período 1990 a 1999, el aumento de población reclusa a nivel nacional (incluido Cataluña) fue de 11.139. El incremento de españoles estaba en un 31,57% mientras el de extranjeros ya se situaba en un 44,39%. En una década, la balanza se ha inclinado de forma espectacular sobre el lado de los internos de fuera de nuestras fronteras. Según este sindicato, la principal explicación del este aumento en nuestras cárceles de población reclusa extranjera radica en que los detenidos de otras nacionalidades casi nunca obtienen la libertad bajo fianza hasta la celebración del juicio, ya que carecen en su mayoría de arraigo familiar en España. De esta forma, son «culpables», en un 57,30 %, de que en este período de tiempo las cárceles hayan visto entre sus muros a 15.288 reclusos más. Los 16.626 extranjeros actualmente en prisión representan el 27,97% del censo total de presos. De ellos, 15.368 son hombres y 1.258, mujeres. Marruecos, con 4.625 de sus nacionales tras las rejas españolas, es el país extranjero con mayor representatividad en las cárceles nacionales, seguido de Colombia (1.985) y muy de cerca por Argelia, 1.182. Con datos de 1 de octubre de 2004, en el conjunto de las prisiones españolas hay 59.425 internos. La cifra ha aumentado en 3.317 con respecto al año anterior, lo que equivale a un 5,91% más. Nunca antes las cárceles habían tenido semejante volumen de inquilinos. De hecho, el crecimiento desde 1990 es de un 79,75 por ciento.Según los datos del informe de Acaip, nueve de cada diez internos son hombres (92,31%). En relación a su situación procesal-penal, el 77,80% está condenado a penas de prisión, mientras el 21,41 se encuentra en situación preventiva. En cuanto a los primeros, el 61,71% son reincidentes ya que han tenido más de una condena, mientras el 39,28% son primarios. La gran mayoría (83,43%) está clasificada en segundo grado de tratamiento y un 13,56% se halla en tercer grado, es decir, en una situación de semilibertad, que les permite acudir sólo a dormir de lunes a viernes, realizando una actividad laboral a lo largo del día. Por contra, sólo el 2,99 por ciento de la población reclusa y clasificada lo está en primer grado, situación en la que se encuentra, principalmente, los penados por terrorismo, grandes narcotraficantes, mafiosos e internos inadaptados al régimen interior de los centros penitenciarios. Estos presos se caracterizan por un enfrentamiento continuo a las normas, agresiones a internos, agresiones a funcionarios, coacciones e incluso asesinatos en prisión. El informe destaca que dos de cada tres internos penados (60,88%) tienen edades comprendidas entre los 26 y los 40 años de edad mientras la población juvenil hasta 20 años, prácticamente es residual (1,5%). La media de un preso condenado es de 35 años y la de un preventivo, 33. Los que cumplen condena por el Código Penal derogado cada vez son menos y si en 2000 suponían un 25,1% ahora están en un 6,94% (3.164 presos). De los internos penados por la Ley Orgánica 10/95 del Código Penal vigente, el 50,87% tiene delitos «contra el patrimonio y el orden socioeconómico» y 12.312 (29%) «contra la salud pública». Respecto a las mujeres condenadas, el 48,61% está penada por tráficos de drogas y un 48,61% por robos, fraudes y estafas. A esta radiografía de la población reclusa, el estudio de Acaip enfrenta un diagnóstico alarmante sobre el colectivo de funcionarios que debe mantener a diario el orden en las prisiones. Así, estos funcionarios han sido víctimas de agresiones por parte de los internos. Así, desde el año 2000 se han registrado 847 agresiones a miembros del citado colectivo, de las que 52 fueron graves. Aspecto igualmente relevante es el relativo al envejecimiento que ha experimentado este colectivo en los últimos años. Según estos datos, el 57% de tienen más de 40 años y sólo el 5,7% posee menos de 30. La pirámide de edad se ha invertido estrepitosamente en los últimos nueve años puesto que en 1995 los menores de 40 años representaban el 78,89%, mientras que en la actualidad ese porcentaje se sitúa en el 43 por ciento. Por contra, mientras en 1995 sólo existía un 21,11 por ciento de funcionarios con edad superior a los 40 años, en la actualidad esa situación alcanza al 56,96 por ciento. Resultado de todo ello es que casi la mitad de los funcionarios en estos momentos se encuentra en la horquilla de edad comprendida de 40 a 50 años. De esta forma, el colectivo de funcionarios, pues, va envejeciendo a marchas forzadas mientras la población reclusa recobra un impulso inusitado con un perfil totalmente distinto al que se encontraron cuando accedieron al puesto. El informe explica que, de no adoptarse medidas urgentes, «esta situación supondrá una quiebra total de la institución penitenciaria por falta de recursos humanos adecuados», ya que el grupo de funcionarios con más de 40 años y más 20 de servicio «se caracteriza por una elevada tasa de absentismo laboral», reflejada en «el espectacular incremento» de las jubilaciones por incapacidad para prestar el servicio. Así, si se compara los datos de edad de los funcionarios penitenciarios con los generales de la encuesta de población activa, se puede comprobar cómo el envejecimiento de los profesionales de Instituciones Penitenciarias es mucho más acusado que en la mayoría de sectores. «El marco de edad de la población activa española menor de 44 años es de un 69,8 por ciento, y, en cambio, en Instituciones Penitenciarias únicamente el 43,04 por ciento de los funcionarios es menor de 40 años», se asegura al respecto en el informe de Acaip. Desde 1995, las jubilaciones por alcanzar la edad reglamentaria se han reducido a la mitad y en muchas anualidades se equiparan las cifras de fallecidos con las de jubilaciones por edad, según los datos de Acaip. Un estudio sobre la salud laboral entre los funcionarios de prisiones ya recogía en 1995 la especial penosidad de las funciones de vigilancia en el interior de los centros penitenciarios. La mayoría (60,7%) de los trabajadores sufren stress, fatiga mental (64,2%), angustia y ansiedad (42,8%), alteraciones del sueño (41,9%) o miedo a enfrentarse al trabajo (25%). El 37% de los encuestados considera que su trabajo deterioraba sus relaciones sociofamiliares, el 5,8% llega incluso a reconocer que consume alcohol, el 3,5% psicofármacos y el 71,4% afirma que su consumo de tabaco se ve incrementado por el trabajo. En relación con lo anterior, el informe alude a la «especial penosidad de las funciones de vigilancia en el interior de los centros penitenciarios». Sobre este aspecto se incide en que esa situación «hace altamente inadecuado, tan por motivos de salud laboral, de rendimiento en el puesto de trabajo y de eficacia administrativa» el desempeño de esas funciones a lo largo de 30 o más años de servicio, «sin que existan puestos o tareas adecuados que atribuir al personal que se encuentra en dicha situación». Así, y como prueba de esa especial dureza a la que se enfrenta el personal penitenciario, el informe refleja los «incidentes graves» que se han producido en las prisiones españolas en el período comprendido entre 1990 y 2004. En esos años se han producido más de mil intentos de suicidios por parte de internos y 350 se consumaron. Además, se registraron 54 muertes violentas de presos y más de cien evasiones o fugas. El «quehacer diario» de los funcionarios de prisiones provoca en estos trabajadores, además de afectar directamente a la salud de los mismos, provoca un importante desgaste, tanto a nivel físico como psicológico. Así, y en lo que se refiere a este segundo aspecto, el informe señala que en los últimos años se ha identificado al profesional penitenciario con el denominado «síndrome de Burnot -o efecto quemado–».