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LEY DE EXTRANJERÍA
El Gobierno destaca la importancia del acuerdo de regularización de inmigrantes
Para la oposicion, la norma crea «falsas expectativas»

Miércoles, 27 de octubre. 16.01 h.
AGENCIAS. Madrid
Mientras los miembros del Ejecutivo cierran filas en defensa del Reglamento de Extranjería, la oposición se mantiene en la postura expresada ayer por la secretaria ejecutiva de Política Social del Partido Popular, Ana Pastor, quien aseguró que la norma crea «falsas expectativas» a los inmigrantes, y que se producirá, como resultado de su aprobación, un «efecto llamada».


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Este extremo fue descartado hoy por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que en declaraciones a Radio Nacional de España opinó que la «bolsa» de extranjeros que trabajan ilegalmente en España se debe «a la ausencia de una política de inmigración», en el programa del anterior Gobierno popular. Para la portavoz del Gobierno, el nuevo reglamento persigue «tener una inmigración regular, ordenada y legal».

De la Vega remarcó, asimismo, que el texto fue producto del consenso, tras dos semanas de negociación, entre sindicatos, empresarios y el propio Gobierno, y explicó que «se trata de dar respuesta a un problema que tenemos encima de la mesa».

Por otro lado, el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, consideró que es de «sentido común» que los «inmigrantes que necesitamos y que están aquí trabajando deben hacerlo en condiciones con todas sus obligaciones» y opinó que «ha hecho falta que llegue este Gobierno para cumplirlo».

Nuevo talante

Por su parte, el portavoz de Inmigración del Grupo Socialista en el Congreso, Antonio Hernando, valoró el acuerdo como «el primer ejemplo del nuevo talante del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero», y opinó que, mientras que para el Gobierno del PP «la inmigración era un problema que había que solucionar a cualquier precio», su partido lo percibe como «una oportunidad para nuestro país».

Para el diputado socialista, «el Reglamento será útil para facilitar la inmigración legal y ordenada» basándose en «la situación nacional de empleo», que consideró «el indicador más fiable y objetivo para determinar la admisión de nuevos inmigrantes en nuestro país».

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, estimó en unos 800.000 los extranjeros podrían encontrarse trabajando en España en situación irregular, y por tanto beneficiarse del próximo proceso de legalización que tendrá lugar a principios de 2005 con la entrada en vigor del Reglamento de Desarrollo de la Ley de Extranjería.

Caldera explicó los requisitos que deberán cumplir los inmigrantes que deseen acogerse a la nueva norma: estar trabajando en España al menos desde el mes de junio de 2004; el empresario, salvo en el empleo doméstico, deberá presentar la documentación, pero firmada por también el trabajador; y el contrato tiene que tener un compromiso de vigencia de seis meses, con excepción de agricultura, que será de tres meses.

Dado que el texto aún debe pasar por el trámite de órganos consultivos, el titular de Trabajo no descartó que en este período se produzca un acuerdo con el PP, al que invitó a participar en el consenso.

Sin embargo, la secretaria ejecutiva de Política Social del Partido Popular, Ana Pastor, manifestó antes de la aprobación del texto que la política migratoria anunciada por el Gobierno sólo genera falsas expectativas a los inmigrantes, y aseguró que el Reglamento tendrá un «efecto llamada», además de que supondrá el despido de muchos inmigrantes.

Pastor también valoró de forma negativa que el Gobierno no se haya puesto en contacto con la oposición para elaborar un Reglamento consensuado entre ambas fuerzas políticas.

Más allá de la escena política, la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME) emitió hoy un comunicado en el que expresó su satisfacción por el nuevo Reglamento de Extranjería. La organiczación pidió a los empresarios que asuman «la responsabilidad que les corresponde en el proceso de afloración de un porcentaje importante de la economía sumergida en España».

ATIME destaca la «sensibilidad y flexibilidad» del Gobierno y considera que el «proceso de normalización» que permitirá regularizar a los inmigrantes con contrato supone una medida «de justicia y sentido común» para resolver «un problema de discriminación y marginación sociolaboral que sufren decenas de miles de trabajadores y sus familias».

Sin embargo, la asociación pide al Ejecutivo que invierta en medios humanos y materiales para garantizar la agilidad y eficacia de la administración a la hora de tramitar la gran cantidad de expedientes que se podrían recibir.



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