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Este extremo fue
descartado hoy por la vicepresidenta primera del Gobierno,
María Teresa Fernández de la Vega, que en declaraciones a
Radio Nacional de España opinó que la «bolsa» de extranjeros
que trabajan ilegalmente en España se debe «a la ausencia de
una política de inmigración», en el programa del anterior
Gobierno popular. Para la portavoz del Gobierno, el nuevo
reglamento persigue «tener una inmigración regular, ordenada y
legal».
De la Vega remarcó, asimismo, que el texto fue producto del
consenso, tras dos semanas de negociación, entre sindicatos,
empresarios y el propio Gobierno, y explicó que «se trata de
dar respuesta a un problema que tenemos encima de la mesa».
Por otro lado, el ministro de Administraciones Públicas,
Jordi Sevilla, consideró que es de «sentido común» que los
«inmigrantes que necesitamos y que están aquí trabajando deben
hacerlo en condiciones con todas sus obligaciones» y opinó que
«ha hecho falta que llegue este Gobierno para cumplirlo».
Nuevo talante
Por su parte, el portavoz de Inmigración del Grupo
Socialista en el Congreso, Antonio Hernando, valoró el acuerdo
como «el primer ejemplo del nuevo talante del Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero», y opinó que, mientras que para el
Gobierno del PP «la inmigración era un problema que había que
solucionar a cualquier precio», su partido lo percibe como
«una oportunidad para nuestro país».
Para el diputado socialista, «el Reglamento será útil para
facilitar la inmigración legal y ordenada» basándose en «la
situación nacional de empleo», que consideró «el indicador más
fiable y objetivo para determinar la admisión de nuevos
inmigrantes en nuestro país».
El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera,
estimó en unos 800.000 los extranjeros podrían encontrarse
trabajando en España en situación irregular, y por tanto
beneficiarse del próximo proceso de legalización que tendrá
lugar a principios de 2005 con la entrada en vigor del
Reglamento de Desarrollo de la Ley de Extranjería.
Caldera explicó los requisitos que deberán cumplir los
inmigrantes que deseen acogerse a la nueva norma: estar
trabajando en España al menos desde el mes de junio de 2004;
el empresario, salvo en el empleo doméstico, deberá presentar
la documentación, pero firmada por también el trabajador; y el
contrato tiene que tener un compromiso de vigencia de seis
meses, con excepción de agricultura, que será de tres meses.
Dado que el texto aún debe pasar por el trámite de órganos
consultivos, el titular de Trabajo no descartó que en este
período se produzca un acuerdo con el PP, al que invitó a
participar en el consenso.
Sin embargo, la secretaria ejecutiva de Política Social del
Partido Popular, Ana Pastor, manifestó antes de la aprobación
del texto que la política migratoria anunciada por el Gobierno
sólo genera falsas expectativas a los inmigrantes, y aseguró
que el Reglamento tendrá un «efecto llamada», además de que
supondrá el despido de muchos inmigrantes.
Pastor también valoró de forma negativa que el Gobierno no
se haya puesto en contacto con la oposición para elaborar un
Reglamento consensuado entre ambas fuerzas políticas.
Más allá de la escena política, la Asociación de
Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME) emitió
hoy un comunicado en el que expresó su satisfacción por el
nuevo Reglamento de Extranjería. La organiczación pidió a los
empresarios que asuman «la responsabilidad que les corresponde
en el proceso de afloración de un porcentaje importante de la
economía sumergida en España».
ATIME destaca la «sensibilidad y flexibilidad» del Gobierno
y considera que el «proceso de normalización» que permitirá
regularizar a los inmigrantes con contrato supone una medida
«de justicia y sentido común» para resolver «un problema de
discriminación y marginación sociolaboral que sufren decenas
de miles de trabajadores y sus familias».
Sin embargo, la asociación pide al Ejecutivo que invierta
en medios humanos y materiales para garantizar la agilidad y
eficacia de la administración a la hora de tramitar la gran
cantidad de expedientes que se podrían recibir.